3 de julio de 2010

El proceso judicial de otorgamiento de escritura pública

"El otorgamiento de escritura pública constituye una obligación del vendedor, discutiéndose en esta clase de procesos, la existencia de un contrato respectivo que conlleve al otorgamiento de la formalidad y si el vendedor está obligado a ello; no resultando materia de discusión el derecho de propiedad del comprador con relación a un tercero, lo cual debe ser materia de la acción correspondiente sobre mejor derecho de propiedad u otra acción idónea, conforme a las normas que regulan la materia."


CAS. N° 1716-2008 LAMBAYEQUE.

Lima, catorce de octubre del dos mil ocho.-

La SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA; vista la causa en la fecha y, producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia:

1.- MATERIA DEL RECURSO: Es materia del presente recurso la sentencia de vista de fojas trescientos sesentinueve, su fecha veintiuno de mayo del año en curso, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que confirmó la apelada que declaró fundada la demanda, en consecuencia, ordena que los demandados otorguen a favor de los demandantes la escritura pública de transferencia de dominio respecto de los predios rústicos denominados "El Cerro", "El Faical", "Soledad" y "Alameda", así como también el solar urbano ubicado en la Calle El Niño de la localidad de Salas en la parte proporcional que les corresponde conforme a los perímetros y linderos fijados en la minuta de compraventa de fojas ocho y nueve, con lo demás que contiene, en los seguidos por don Pablo Roberto Arce Gonzáles en representación de doña Hilda Reyes Rufino de Arce y otros, contra la Sucesión de Fortunato Reyes Rufino sobre otorgamiento de escritura pública.

2.- FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Mediante resolución de fecha once de agosto del año en curso corriente a fojas cuarenticinco del cuaderno de casación se ha declarado procedente el recurso interpuesto por doña Líder Libertad Reyes Arce, por derecho propio y en representación de la Sucesión de Fortunato Reyes Rufino, por las causales previstas en los tres incisos del artículo 386 del Código Procesal Civil, relativas a la interpretación errónea del artículo 1412 del Código Civil; inaplicación de los artículos 220, 1354 y 1532 del Código Civil y 89 de la Constitución y a la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso.

3.-CONSIDERANDO:
Primero: Habiéndose declarado procedente el recurso de casación por las causales antes mencionadas, de primera intención, deben analizarse los argumentos sustentatorios relativos a la causal de contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, pues de declararse fundado el recurso por dicha causal, se omite pronunciamiento sobre las restantes.

Segundo: La recurrente al desarrollar la causal por vicios in procedendo, sostiene que no se ha emitido pronunciamiento sobre la Resolución Administrativa número 258-2006-GR-LAMB/DRA, la que en su sétimo considerando señala que debe aplicarse irrestrictamente el artículo 2 inciso a) de la Ley General de Comunidades Campesinas, debido a que el predio sub litis resulta ser de propiedad de una comunidad campesina, por lo que de conformidad con la Constitución de 1979 como la de 1993, sus tierras son inembargables, imprescriptibles e inalienables. Agrega que no se han expuesto las razones por las que el colegiado ha variado el criterio contenido en la sentencia recaída en el proceso sobre interdicto de retener seguido entre las mismas partes, resolución en la que estableció que los predios sub litis eran de propiedad de la Comunidad Campesina San Francisco de Asís de Salas.

Tercero: Analizando el referido error procesal, es del caso señalar que en materia casatoria si es factible ejercer el control de las decisiones jurisdiccionales para determinar si en ellas se han infringido o no las normas que garantizan el derecho al debido proceso. Dicho derecho supone la observancia rigurosa por todos los que intervienen en un proceso no sólo de las reglas que regulan la estructuración de los órganos jurisdiccionales, sino también de las normas, de los principios y de las garantías que regulan el proceso como instrumento judicial, cautelando sobre todo el ejercicio absoluto del derecho de defensa de las partes en litigio.

Cuarto: Al respecto, debe indicarse como lo tiene establecido la Corte Suprema en múltiple y uniforme jurisprudencia el otorgamiento de escritura pública constituye una obligación del vendedor, discutiéndose en esta clase de procesos, la existencia de un contrato respectivo que conlleve al otorgamiento de la formalidad y si el vendedor está obligado a ello; no resultando materia de discusión el derecho de propiedad del comprador con relación a un tercero, lo cual debe ser materia de la acción correspondiente sobre mejor derecho de propiedad u otra acción idónea, conforme a las normas que regulan la materia.

Quinto: Del texto de la Resolución Administrativa número 258-2006-GR-LMB/ DRA, se advierte que la Dirección Regional de Agricultura dejó sin efecto el cambio de titular en el padrón catastral correspondiente al predio sub litis solicitado por doña Gregoria Umbelina Arce Mendis, don Jorge Adalberto, doña Líder Libertad y doña Noemí Magdalena Reyes Arce, y don José Miguel Angel Reyes Pasco, herederos de quien en vida fuera don Fortunato Reyes Rufino y declaró improcedente el cambio de titular en el padrón catastral del mismo predio solicitado por don Pablo Roberto Arce Gonzáles en representación de doña Hilda Reyes Rufino y doña Maria Elisa Arce Gonzáles viuda de Reyes, por considerar que existen diversos titulares sobre el inmueble sub litis, identificado con Unidad Catastral 10150 del catastro anterior, por lo que al encontrarse dentro del territorio comunal que pertenece a la Comunidad Campesina San Francisco de Asís de Salas, desestimó las referidas solicitudes debido a que el Estado está obligado a garantizar la integridad del derecho de propiedad de las Comunidades Campesinas conforme al articulo 2 inciso a) de la Ley número 24656.

Sexto: Sin embargo, dicha circunstancia no altera el sentido de lo resuelto porque del texto de la demanda y su petitorio se advierte que lo que pretenden los actores es el otorgamiento de la correspondiente escritura pública respecto del contrato de compraventa celebrado entre ambas partes con fecha veintiuno de abril de mil novecientos sesentinueve, conforme al documento de fojas ocho, por el que se transfiere a los accionantes la propiedad de los citados predios, siendo del caso indicar que el cumplimiento de la formalidad del citado contrato no origina necesariamente la inscripción del derecho en los registros públicos, puesto que en dicha entidad la calificación del referido instrumento público está sujeto a la observancia de los principios registrales y de las normas que gobiernan la actividad registral; no discutiéndose en este proceso el conflicto que pudiera existir respecto de un derecho inscrito como se ha señalado.

Sétimo: De lo expuesto, se arriba a la convicción de que no siendo el thema decidendum el establecer a quien corresponde la propiedad del predio sub lifis, carecen de objeto los argumentos que sustentan el indicado extremo de la causal in procedendo, pues tal situación deberá determinarse en otra vía al existir dos titulares sobre el mismo bien, tanto más si conforme a los documentos de fojas doscientos cincuentiocho a doscientos setentitrés, la parte demandante acredita los antecedentes dominiales de su derecho. En cuanto al otro extremo de la denuncia, referido a que la Sala de Vista ha resuelto en sentido contrario a lo establecido en la sentencia recaída en el proceso de interdicto de retener seguido entre las mismas partes, debe indicarse que la referida acción tuvo como fin, el acreditar el despojo de la posesión con independencia de a quien corresponda la propiedad del inmueble, mientras que en el presente caso se busca el cumplimiento de la citada formalidad, siendo evidente que se tratan de acciones de naturaleza distinta. Por consiguiente, en el presente caso, no se constata la violación de las normas que garantizan el derecho al debido proceso en los términos denunciados, por lo que el recurso impugnatorio propuesto por la citada causal debe ser desestimado.

Octavo: Por otro lado, analizando los errores in. iudicando, es pertinente traer a colación que, el artículo 1412 del Código Civil regula los alcances del otorgamiento de la escritura pública, estableciendo que si por mandato de la ley o por convenio debe otorgarse la escritura pública o cumplirse otro requisito que revista forma solemne prescrita legalmente o la convenida por las partes por escrito bajo sanción de nulidad, éstas pueden compelerse recíprocamente a llenar la formalidad requerida.

Noveno: El contrato de compraventa es uno de carácter consensual o con libertad de forma en el que las partes pueden utilizar la forma que consideren pertinente para celebrar el acto jurídico; constituyendo la escritura pública el cumplimiento de una formalidad de la celebración de un contrato preexistente.

Décimo: Conforme al artículo 1549 del Código Civil es obligación esencial del vendedor perfeccionar la transferencia de la propiedad del bien; obligación que comprende también el cumplimiento de la formalidad respectiva de la escritura pública, como resulta de la interpretación de la norma citada concordante con el artículo 1412 del Código Civil.

Décimo Primero: En el caso sub materia, las instancias de mérito han valorado los alcances del contrato de fecha veintiuno de abril de mil novecientos sesentinueve celebrado entre don Fortunato Reyes Rufino como vendedor y los ahora demandantes como compradores, concluyendo que las partes celebraron en realidad un contrato de venta definitivo sobre los referidos bienes, cuyo precio ha sido pagado en su totalidad según se desprende del referido documento. Por tanto, habiéndose establecido la existencia del indicado contrato, constituye obligación de la parte vendedora cumplir con la formalidad de otorgar la escritura pública respectiva conforme a los alcances de los artículos 1412 y 1549 del Código Civil, concluyéndose de ello, que la Sala de Vista no ha incurrido en interpretación de errónea del citado artículo 1412 del Código acotado, debiendo desestimarse la denuncia sustentada en el inciso 1 del artículo 386 del Código Procesal Civil.

Décimo Segundo: En cuanto a la causal restante, debe precisarse que la inaplicación de una norma de derecho material, se presenta cuando el juez, luego de haber identificado los hechos del caso, al momento de buscar la subsunción, no logra identificar la norma pertinente, por lo que no la aplica.

Décimo Tercero: Bajo tal esquema, analizando las denuncias de inaplicación de los artículos 220 (referido a la legitimidad para solicitar la nulidad), 1354 (referido a la libertad contractual) y 1532 (referido a los bienes susceptibles de compraventa) del Código Civil y 89 de la Constitución (referido a las Comunidades Campesinas y Nativas), debe indicarse que la aplicación de tales normas en nada afecta lo que ha sido resuelto por los juzgadores, porque conforme se ha indicado en la pretensión de los actores subyace el contrato de compraventa celebrado entre ambos sujetos procesales con fecha veintiuno de abril de mil novecientos sesentinueve según el documento de fojas ocho, no obrando en autos resolución judicial que lo invalide, por lo que tiene plena eficacia en tanto no se demuestre la referida circunstancia. En consecuencia, habiéndose determinado que fue el causante de los demandados, quien vendió el bien sub litis a los demandantes, resulta obligación de los mismos perfeccionar dicha transferencia; por ende, el conflicto que pudiera presentarse respecto al derecho de propiedad, en relación con terceros, debe ser materia de otro proceso como se tiene dicho.

Décimo Cuarto: Siendo ello así, los artículos 220 del Código Civil y 89 de la Constitución son impertinentes a la controversia, pues como se ha indicado precedentemente, a través de la presente acción lo que se pretende es determinar si resulta procedente o no formalizar el acto constituido, consistente en la compraventa del bien sub litis a que se refiere la instrumental de fojas ocho, por ello, los supuestos que regulan dichas normas no guardan relación con la base fáctica del proceso.

Décimo Quinto: En cuanto a los artículos 1354 y 1532 del Código Civil, debe señalarse que una de las consecuencias de la celebración de un contrato, esto es, el común acuerdo de voluntades, es su obligatoriedad respecto de las partes que en el intervinieron, presumiéndose que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes y quien niegue esa coincidencia debe probarla; advirtiéndose que de acuerdo a lo establecido en autos, las disposiciones de dichas normas refuerzan la tesis respecto a la existencia del contrato cuya formalización se persigue; en consecuencia, la denuncia amparada en el inciso 2 del artículo 386 del Código Procesal Civil debe, igualmente, ser desestimada.

4.-DECISION: Por tales razones: A) Declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas trescientos setentiocho por doña Líder Libertad Reyes Arce, por propio derecho y en representación de la Sucesión Fortunato Reyes Rufino, contra la resolución de vista de fojas trescientos sesentinueve, su fecha veintiuno de mayo del año en curso. B) CONDENARON a la recurrente al pago de las costas y costos originados en la tramitación del recurso, así como a la muga de dos Unidades de Referencia Procesal (URP). C) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano conforme a ley; en los seguidos por don Pablo Roberto Arce Gonzáles en representación de doña Hilda Reyes Rufino de Arce y otros, sobre otorgamiento de escritura pública; y los devolvieron.- VOCAL PONENTE: SALAS MEDINA. SS. RODRIGUEZ MENDOZA, GAZZOLO VILLATA, PACHAS AVALOS, FERREIRA VILDOZOLA, SALAS MEDINA C-304449-176


Sentencia publicada el 02/02/2009 en la página 23969

1 comentarios:

Anónimo dijo...

tres interessant, merci

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